En los últimos días circula por WhatsApp un repulsivo video en el que varias palomas que aparecen comiendo grano de cebada en una supuesta fábrica de cerveza de Sevilla terminan siendo succionadas. En el mensaje se indica que la imagen pertenece a la factoría de una conocida marca. Se asegura también que “el empleado que filmó el video fue despedido después de hacer la denuncia en el Ministerio de Salud”. El texto termina con esta frase: “Ya lo sabes, ahora tú decides si quieres cerveza con suplemento nutricional”.
El problema es que ni las imágenes pertenecen a una fábrica de cerveza, ni la ciudad es Sevilla ni guardan relación alguna con la compañía a la que se pretende dañar. Aunque a estas alturas ya debe de estar en la mente de todos, me niego a citar el nombre de la marca para no contribuir aún más al injusto daño reputacional que ha sufrido. Los responsables de la compañía se han visto obligados a salir al paso dejando claro que el video no pertenece a ninguna de sus instalaciones en España, que cumplen con estrictos estándares de higiene.
En las últimas décadas ha sido abundante la proliferación de rumores que han puesto en entredicho la imagen de empresas de todo tipo. Con la eclosión digital, el problema se ha agravado, ya que resulta mucho más sencillo que antes arruinar reputaciones desde la aparente seguridad que proporciona la sombra del anonimato. En el año 2014, los procedimientos judiciales por delitos en Internet aumentaron un 70% con respecto a 2013. La cifra habla por sí sola. La legislación de países como España tiene ante sí el reto de acabar con el vacío que todavía permite difamar y calumniar a golpe de click con inusitada facilidad.
Mientras tanto, a las empresas solo les queda el recurso de hacer un ejercicio de monitorización permanente que permita reaccionar a tiempo ante casos como este. Y contrarrestar la divulgación de insidias mediante la difusión de verdades.
Jesus Rodriguez Camaño dice
Javier, así es. Es demasiado fácil hacerlo y gratuito en sus consecuencias. Tal y como he comentado en Twitter (@ChuleCamano), ante ésta situación hay una «responsabilidad compartida». Evidentemente en primer y principal lugar del que difama. Pero también del que comparte y difunde sin el más mínimo esfuerzo de contraste, rigor y justicia. En ese sentido, es esencial una labor de Educación.
La responsabilidad de los poderes públicos a la hora de legislar sobre esta materia afecta, por tanto, a quien difama y también a quien ayuda a extender esa difamación.
Particulares, medios, plataformas,….
Todo un debate por delante, sí.
Javier Salgado Derqui dice
Absolutamente de acuerdo en todo, Jesús. Gracias por tu comentario.
Juan Trujillo dice
Compartido Javier.